La jueza federal Susan Illston, de San Francisco, emitió una orden que prohíbe de forma indefinida a la administración Trump despedir empleados federales mientras continúa el cierre del Gobierno. La decisión surge tras una demanda presentada por sindicatos que denunciaron los despidos como un “abuso de poder político” para presionar al Congreso.
Illston, nombrada por el expresidente Bill Clinton, sostuvo que los recortes masivos en áreas como educación y salud podrían ser ilegales y exceder la autoridad presidencial. Según los sindicatos, más de 4,100 trabajadores recibieron notificaciones de despido, algunas incluso a correos laborales inaccesibles durante la licencia.
La jueza consideró que las pruebas sugieren motivaciones políticas en los despidos. Mientras tanto, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, se niega a negociar con los demócratas hasta que acepten reabrir el Gobierno, que ya vive su segundo cierre más largo en la historia.
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