La presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez, presentó una querella ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) solicitando una investigación formal por el presunto uso indebido de fondos públicos por parte del gobierno de la gobernadora Jenniffer González en Puerto Rico. Según el planteamiento, recursos del Estado habrían sido utilizados para difundir mensajes con contenido político partidista, particularmente en anuncios relacionados con la demanda del gobierno contra LUMA Energy y otras iniciativas administrativas.
Pérez Martínez sostuvo que la Constitución del Estado Libre Asociado exige neutralidad absoluta del gobierno en asuntos políticos y advirtió que los ciudadanos no deben financiar, mediante fondos públicos, mensajes que exalten logros de una administración o refuercen promesas de campaña. La querella menciona anuncios difundidos en vallas digitales, redes sociales y medios de comunicación, algunos con el mensaje “Promesa cumplida… LUMA está de salida”, acompañados de logos oficiales.
El partido argumenta que estos mensajes van más allá del deber informativo del Estado y citó un precedente del Tribunal Supremo de 1995 que prohíbe el uso de fondos públicos con fines político partidistas. Entre los remedios solicitados figuran una investigación formal, el cese inmediato de los anuncios y posibles sanciones.
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